Vienen a por las pensiones del futuro

Las declaraciones de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, diciendo que:

“El gobierno propone ampliar de forma voluntaria 

a toda la vida laboral el periodo de cotización 

exigido para calcular la cuantía de la pensión”. 

Lo que “beneficiaría”, según la ministra, a los trabajadores más castigados por la crisis, son el pistoletazo de salida para una nueva reforma de las pensiones.

No son las pensiones de los jubilados actuales, de nuestras personas mayores, lo que buscan. Esas ya las tienen.

Con las reformas que han realizado en los últimos 30 años se las han rebajado un 20%, aumentando progresivamente los años necesarios para acceder a una pensión contributiva, ampliando de 2 años a 25 años el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, como hizo Zapatero, ampliando además la edad de jubilación hasta los 67 años.

Y la última de Rajoy acabando con la revalorización de las pensiones según el coste de la vida (IPC). La imposición del 0,25% garantiza un recorte del poder adquisitivo, punto a punto, año a año. Un recorte del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos tres años de casi 1,5 puntos, equivalentes a 2.500 millones de euros.

No, no son esas las pensiones que ahora buscan con la nueva reforma.

Ahora vienen con todo a por las pensiones futuras.

Las pensiones de los trabajadores que tienen 35 o 40 años y aún tienen 25 o 30 años más por delante de trabajo hasta lo 67 años de jubilación.

Las de los jóvenes que se están incorporando ahora a sus primeros trabajos con contratos precarios al mercado laboral.

Y las pensiones de los hijos de estos trabajadores que aún no tienen la edad para acceder al mercado de trabajo, pero que ya están en la nómina precaria y futura de los grandes monopolios del Ibex-35.

Tres generaciones de nuevos pensionistas están en el punto de mira de las nuevas reformas que se ciernen sobre el sistema público de pensiones y que -si no lo impedimos- pueden asestar un golpe de muerte al sistema público para transformarlo en un sistema paliativo que solo sirva para tratar los casos extremos de quienes desde la “pobreza laboral”lleguen a la jubilación.

Habrán sentado todas las bases para lograr lo que el gran capital nacional y extranjero vienen persiguiendo largo tiempo: sentar las bases para dar un salto en los planes privados de pensiones y acceder al control de los más de 100.000 millones de euros anuales que mueven las pensiones.

En este número de Chispas empezamos a desentrañar la nueva reforma que preparan, base imprescindible para hacer frente a uno de los retos más importantes de este año que acabamos de empezar: que no nos roben las pensiones futuras de las próximas, al menos, tres generaciones.

PP propone en el Pacto de Toledo ampliar el periodo 

para calcular la pensión a toda la vida laboral

Un nuevo recorte para las pensiones

Sobre la mesa del Pacto de Toledo hay dos propuestas para la reforma de las pensiones. Una la que proponen los sindicatos, el Partido Socialista o Podemos, que básicamente coinciden en la necesidad de abordar entre otras medidas las fuentes de financiación y la recuperación del poder adquisitivo. La otra, propuesta por el PP, propone “extender a toda la vida laboral” el periodo para calcular la cuantía de la pensión.

“El gobierno propone ampliar de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. Lo que beneficiaría a los trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma”.

Con estas declaraciones de la ministra de Empleo Fátima Bánez  han presentado los medios de comunicación la nueva reforma que pretende impulsar el gobierno.

Y aunque tanto los sindicatos UGT y CCOO, como el PSOE y Podemos han criticado que “esa no es la solución”, lo que hay es una ofensiva para vender la propuesta como una reforma “beneficiosa” especialmente para los trabajadores más castigados por la crisis ya que serían ellos quienes podrían “elegir de forma voluntaria” acogerse a esta opción como la más favorable.

Analizar y desentrañar lo que hay de verdad en esta reforma es vital para el futuro del sistema público de pensiones.

Primero. La ministra se ha hecho eco de la propuesta del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. Según fuentes del propio Partido Popular recogidas en el diario El Economista, el PP ha planteado que se eleven los años para calcular la cuantía de las pensiones en torno a los 30 años, avanzando hacia el uso de toda la vida laboral.

Así quienes se jubilaran a partir de esta quinta reforma incluirían sueldos más antiguos, desde los años 80 del siglo pasado y más bajos que los actuales. Las bases de cotización serían inferiores y sus pensiones serían menores que con el sistema actual. Y con ello se reduciría el gasto de la Seguridad Social, el verdadero objetivo perseguido con la reforma.

Ampliar los años de cotización y sobre todo a toda la vida laboral perjudica especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral en condiciones de precariedad con bajos salarios y mínimas bases de cotización. Lo que penalizaría gravemente sus pensiones futuras.

Segundo. Es en este contexto de recorte del gasto en el que hay que situar las declaraciones de Fátima Báñez de que los trabajadores “puedan elegir” acogerse a toda la vida laboral, incluso que puedan “descartar algunos de los peores años de cotización”, para no ver rebajada en exceso su pensión.

Dicen que se pretende “compensar” a los trabajadores que han sufrido ERE o han sido despedidos en los últimos años de su vida laboral por la crisis y que en vez de los últimos años se puedan acoger a toda la vida laboral si esa es la opción más favorable. Pero con ello no estarían mejorando sus pensiones si fueran calculadas con los años actuales, sino paliando el recorte que supone un alargamiento del periodo más allá de los 25 años que propone la reforma del PP.

Pero sobre todo es una propuesta selectiva y restrictiva al imponer una condición: solo podrían acogerse a esta medida quienes tengan una larga trayectoria laboral con más de 38 años cotizados. Lo que restringe seriamente el número de trabajadores que podrían acogerse a esta medida y deja fuera a la mayoría de los trabajadores expulsados al paro durante la crisis, en su mayoría trabajadores con empleo temporal (especialmente mujeres y jóvenes) y cortas trayectorias de cotización.

También el descarte de los peores años de cotización tiene “letra pequeña”. No podrían eliminar todos los años con peores cotizaciones para quedarse con los 25 o 30 más favorables, sino solo unos pocos años malos, entre 2 y 5 años, “ya que lo otro no tendría sentido”, según los representantes del PP en el Pacto de Toledo.

Lo que se comprende perfectamente oyendo a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos (PP) decir que; “Hay un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión que en activo, trabajando” y recomendando “ahorro a los mayores de 45 años”.

Tercero. Las pensiones que vienen serían entre un 15% y un 35% más bajas si se aplica la reforma que propone el PP en el Pacto de Toledo.

Así lo confirma un informe del Instituto Santa Lucía (dependiente de Seguros Santa Lucía), presentado en noviembre pasado, que cuantifica con datos de hasta 2014 el impacto que tendría sobre las pensiones la ampliación a toda la vida laboral.

Según ese informe con el sistema actual un pensionista que cumpla todos los requisitos cobra de media aproximadamente el 80% del salario que ha venido percibiendo. Con la extensión a toda la vida laboral la pensión sería entre un 15% y un 35% más baja. Lo que está en coherencia con el estudio que manejó el gobierno de Zapatero y que aseguraba una rebaja media mínima de las pensiones del 17% si se aplicara toda la vida laboral como método para calcular las pensiones.

A medida que se desentraña la propuesta del PP se entienden mejor las declaraciones de la ministra de Empleo Fátima Bañez. Bajo la apariencia de beneficiar a los trabajadores más mayores y a los afectados por la crisis, ofreciendo que se puedan acoger a toda su vida laboral para calcular su pensión, lo que hay es un caramelo envenenado cuyo objetivo es hacer pasar por bueno un nuevo hachazo a las pensiones.

En nombre de “garantizar el sistema público de pensiones” y “favorecer a los pensionistas” se han hecho todas las reformas. La realidad ha sido todo lo contrario: hoy, después de cuatro reformas en los últimos 30 años, incluidas la de Zapatero en 2011 y otra de Rajoy en 2013, las pensiones son casi un 20% más bajas que si se hubiera seguido aplicando el método anterior a 1985.

Vienen a por las pensiones del futuro.

1.- Las pensiones de los actuales pensionistas ya las tienen, son pensiones menguantes que han ido recuciendo con las reformas de los años anteriores.

2.- Ahora -ampliando en 30, 40 años o toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión quieren rebajarlas hasta un 35%- porque quieren las pensiones futuras, las de las próximas tres generaciones: los trabajadores jóvenes que aún no se jubilan; los jóvenes que empiezan ahora a entrar en el mercado laboral precarios; y la de sus hijos.

3.- Y con todo eso reducir el sistema público de pensiones a un sistema asistencial, base para dar el dar el salto a la privatización de las pensiones.