Quien de verdad fija la “hoja de ruta” hacia la fragmentación son los núcleos más rabiosamente independentistas, y también más reaccionarios y antipopulares, nacidos al calor del enorme poder acumulado en los gobiernos de Pujol o Mas y ahora representados por Puigdemont.
Es habitual explicarse el avance de los proyectos independentistas en Cataluña como resultado de las movilizaciones ciudadanas que tuvieron su origen en la diada de 2012. Para muchos sería la presión popular la que obligó a Mas a abrazar un independentismo que antes no defendía, y ahora son las exigencias de ERC o la necesidad de contar con los votos de las CUP lo que ha forzado a apartar a los consellers menos comprometidos con una ruptura unilateral.
Estas explicaciones no solo no se corresponden con la realidad, sino que nos confunden en un aspecto capital: ocultan a los que de verdad mandan y deciden.
Porque el procés soberanista no es un movimiento asambleario. Como todo proyecto político tiene un estado mayor que ha diseñado la hoja de ruta.
Los hechos desmienten la existencia de una presión ciudadana que obliga a los políticos a caminar hacia la independencia.
Según la última encuesta publicada por el Centre d´Estudis d´Opinió -el CIS catalán controlado por el govern de Puigdemont- solo un tercio de los catalanes quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Y los partidarios de un referéndum unilateral, el que se pretende celebrar el 1-O, no llegan a la mitad.
Hay quien pilota el barco de la política catalana en una dirección contraria a la que defiende la mayoría de ciudadanos catalanes.
A pesar de su evidente carácter independentista, no hay que buscar los capitanes del procés en ERC, una fuerza “nouvinguda” a los despachos del poder político, y mucho menos en las CUP, formación ajena y enfrentada a los que de verdad mandan en Cataluña.
Las fracturas abiertas en la ex Convergencia, ahora llamada PDeCAT, ese sí centro neurálgico del stablishment en Cataluña durante las últimas décadas, nos proporcionan una valiosa pista.
La aceleración del tren independentista con vistas al 1-O ha provocado un profunda crisis en el govern catalán.
Cuatro consellers -un 25% del gobierno de Puigdemont- han sido relevados, y destacados altos cargos -como el jefe de los mossos, la policía autonómica o la segunda de educación, los dos órganos claves para la celebración del referéndum- han dimitido explicitando su rechazo a la deriva independentista.
Todos ellos pertenecen a importantes sectores de la ex Convergencia que han mostrado, en público o en privado, dudas o reticencias a seguir de forma incondicional el camino de ruptura unilateral encabezado por Puigdemont.
No solo porque eso les obligaba a poner en juego su patrimonio, sino por diferencias políticas.
Son los sectores más vinculados a la burguesía tradicional catalana, a sus capas más altas o a los intereses de la red de medianas empresas. Para las que el acceso al mercado español es vital, y que necesitan la protección del Estado español para garantizar sus inversiones internacionales.
O también al nódulo orgánico del partido, que contempla horrorizado como el procés está triturando el enorme poder político acumulado en Cataluña por la ex Convergencia, sustituida por un PDeCAT que no llegaría al 10% de los votos si hoy se celebraran elecciones.
Enfrente están los sectores más vinculados al entramado burocrático de la Generalitat. Una generación, que Puigdemont encarna a la perfección, que ya se ha formado dentro del régimen construido en Cataluña por los Pujol y Mas aprovechando su prolongado control del poder autonómico.
Estos son los sectores más rabiosamente independentistas, los que están dispuestos a todo, incluso a provocar un conflicto en Cataluña de incalculables consecuencias, para convertirse en nuevos virreyes de una taifa independiente bajo la protección de alguna institución o potencia extranjera.
Aprovechando el enorme grado de descentralización del Estado autonómico, el control de los multimillonario presupuestos y del poder político de la Generalitat, han constituido una auténtica burguesía burocrática. Cuyas ganancias no son fruto de su dinamismo o competitividad, sino de saquear los fondos públicos y la riqueza de los catalanes. El escándalo del 3% es su radiografía, la familia Pujol su auténtico y deformado rostro.
Esta camarilla, que cuando se agudiza la situación manifiesta su carácter reaccionario, antidemocrático y contrario a los intereses de la mayoría de los catalanes, es el auténtico estado mayor de los proyectos independentistas.
Nadie, incluso aquellos que de forma honrada defienden la independencia, puede defenderlos. Y, para poder decidir de verdad su futuro, Cataluña necesita liberarse de la losa que representan.
Estas explicaciones no solo no se corresponden con la realidad, sino que nos confunden en un aspecto capital: ocultan a los que de verdad mandan y deciden.
Porque el procés soberanista no es un movimiento asambleario. Como todo proyecto político tiene un estado mayor que ha diseñado la hoja de ruta.
Los hechos desmienten la existencia de una presión ciudadana que obliga a los políticos a caminar hacia la independencia.
Según la última encuesta publicada por el Centre d´Estudis d´Opinió -el CIS catalán controlado por el govern de Puigdemont- solo un tercio de los catalanes quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Y los partidarios de un referéndum unilateral, el que se pretende celebrar el 1-O, no llegan a la mitad.
Hay quien pilota el barco de la política catalana en una dirección contraria a la que defiende la mayoría de ciudadanos catalanes.
A pesar de su evidente carácter independentista, no hay que buscar los capitanes del procés en ERC, una fuerza “nouvinguda” a los despachos del poder político, y mucho menos en las CUP, formación ajena y enfrentada a los que de verdad mandan en Cataluña.
Las fracturas abiertas en la ex Convergencia, ahora llamada PDeCAT, ese sí centro neurálgico del stablishment en Cataluña durante las últimas décadas, nos proporcionan una valiosa pista.
La aceleración del tren independentista con vistas al 1-O ha provocado un profunda crisis en el govern catalán.
Cuatro consellers -un 25% del gobierno de Puigdemont- han sido relevados, y destacados altos cargos -como el jefe de los mossos, la policía autonómica o la segunda de educación, los dos órganos claves para la celebración del referéndum- han dimitido explicitando su rechazo a la deriva independentista.
Todos ellos pertenecen a importantes sectores de la ex Convergencia que han mostrado, en público o en privado, dudas o reticencias a seguir de forma incondicional el camino de ruptura unilateral encabezado por Puigdemont.
No solo porque eso les obligaba a poner en juego su patrimonio, sino por diferencias políticas.
Son los sectores más vinculados a la burguesía tradicional catalana, a sus capas más altas o a los intereses de la red de medianas empresas. Para las que el acceso al mercado español es vital, y que necesitan la protección del Estado español para garantizar sus inversiones internacionales.
O también al nódulo orgánico del partido, que contempla horrorizado como el procés está triturando el enorme poder político acumulado en Cataluña por la ex Convergencia, sustituida por un PDeCAT que no llegaría al 10% de los votos si hoy se celebraran elecciones.
Enfrente están los sectores más vinculados al entramado burocrático de la Generalitat. Una generación, que Puigdemont encarna a la perfección, que ya se ha formado dentro del régimen construido en Cataluña por los Pujol y Mas aprovechando su prolongado control del poder autonómico.
Estos son los sectores más rabiosamente independentistas, los que están dispuestos a todo, incluso a provocar un conflicto en Cataluña de incalculables consecuencias, para convertirse en nuevos virreyes de una taifa independiente bajo la protección de alguna institución o potencia extranjera.
Aprovechando el enorme grado de descentralización del Estado autonómico, el control de los multimillonario presupuestos y del poder político de la Generalitat, han constituido una auténtica burguesía burocrática. Cuyas ganancias no son fruto de su dinamismo o competitividad, sino de saquear los fondos públicos y la riqueza de los catalanes. El escándalo del 3% es su radiografía, la familia Pujol su auténtico y deformado rostro.
Esta camarilla, que cuando se agudiza la situación manifiesta su carácter reaccionario, antidemocrático y contrario a los intereses de la mayoría de los catalanes, es el auténtico estado mayor de los proyectos independentistas.
Nadie, incluso aquellos que de forma honrada defienden la independencia, puede defenderlos. Y, para poder decidir de verdad su futuro, Cataluña necesita liberarse de la losa que representan.
