Vienen a por las pensiones del futuro

Las declaraciones de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, diciendo que:

“El gobierno propone ampliar de forma voluntaria 

a toda la vida laboral el periodo de cotización 

exigido para calcular la cuantía de la pensión”. 

Lo que “beneficiaría”, según la ministra, a los trabajadores más castigados por la crisis, son el pistoletazo de salida para una nueva reforma de las pensiones.

No son las pensiones de los jubilados actuales, de nuestras personas mayores, lo que buscan. Esas ya las tienen.

Con las reformas que han realizado en los últimos 30 años se las han rebajado un 20%, aumentando progresivamente los años necesarios para acceder a una pensión contributiva, ampliando de 2 años a 25 años el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, como hizo Zapatero, ampliando además la edad de jubilación hasta los 67 años.

Y la última de Rajoy acabando con la revalorización de las pensiones según el coste de la vida (IPC). La imposición del 0,25% garantiza un recorte del poder adquisitivo, punto a punto, año a año. Un recorte del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos tres años de casi 1,5 puntos, equivalentes a 2.500 millones de euros.

No, no son esas las pensiones que ahora buscan con la nueva reforma.

Ahora vienen con todo a por las pensiones futuras.

Las pensiones de los trabajadores que tienen 35 o 40 años y aún tienen 25 o 30 años más por delante de trabajo hasta lo 67 años de jubilación.

Las de los jóvenes que se están incorporando ahora a sus primeros trabajos con contratos precarios al mercado laboral.

Y las pensiones de los hijos de estos trabajadores que aún no tienen la edad para acceder al mercado de trabajo, pero que ya están en la nómina precaria y futura de los grandes monopolios del Ibex-35.

Tres generaciones de nuevos pensionistas están en el punto de mira de las nuevas reformas que se ciernen sobre el sistema público de pensiones y que -si no lo impedimos- pueden asestar un golpe de muerte al sistema público para transformarlo en un sistema paliativo que solo sirva para tratar los casos extremos de quienes desde la “pobreza laboral”lleguen a la jubilación.

Habrán sentado todas las bases para lograr lo que el gran capital nacional y extranjero vienen persiguiendo largo tiempo: sentar las bases para dar un salto en los planes privados de pensiones y acceder al control de los más de 100.000 millones de euros anuales que mueven las pensiones.

En este número de Chispas empezamos a desentrañar la nueva reforma que preparan, base imprescindible para hacer frente a uno de los retos más importantes de este año que acabamos de empezar: que no nos roben las pensiones futuras de las próximas, al menos, tres generaciones.

PP propone en el Pacto de Toledo ampliar el periodo 

para calcular la pensión a toda la vida laboral

Un nuevo recorte para las pensiones

Sobre la mesa del Pacto de Toledo hay dos propuestas para la reforma de las pensiones. Una la que proponen los sindicatos, el Partido Socialista o Podemos, que básicamente coinciden en la necesidad de abordar entre otras medidas las fuentes de financiación y la recuperación del poder adquisitivo. La otra, propuesta por el PP, propone “extender a toda la vida laboral” el periodo para calcular la cuantía de la pensión.

“El gobierno propone ampliar de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. Lo que beneficiaría a los trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma”.

Con estas declaraciones de la ministra de Empleo Fátima Bánez  han presentado los medios de comunicación la nueva reforma que pretende impulsar el gobierno.

Y aunque tanto los sindicatos UGT y CCOO, como el PSOE y Podemos han criticado que “esa no es la solución”, lo que hay es una ofensiva para vender la propuesta como una reforma “beneficiosa” especialmente para los trabajadores más castigados por la crisis ya que serían ellos quienes podrían “elegir de forma voluntaria” acogerse a esta opción como la más favorable.

Analizar y desentrañar lo que hay de verdad en esta reforma es vital para el futuro del sistema público de pensiones.

Primero. La ministra se ha hecho eco de la propuesta del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. Según fuentes del propio Partido Popular recogidas en el diario El Economista, el PP ha planteado que se eleven los años para calcular la cuantía de las pensiones en torno a los 30 años, avanzando hacia el uso de toda la vida laboral.

Así quienes se jubilaran a partir de esta quinta reforma incluirían sueldos más antiguos, desde los años 80 del siglo pasado y más bajos que los actuales. Las bases de cotización serían inferiores y sus pensiones serían menores que con el sistema actual. Y con ello se reduciría el gasto de la Seguridad Social, el verdadero objetivo perseguido con la reforma.

Ampliar los años de cotización y sobre todo a toda la vida laboral perjudica especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral en condiciones de precariedad con bajos salarios y mínimas bases de cotización. Lo que penalizaría gravemente sus pensiones futuras.

Segundo. Es en este contexto de recorte del gasto en el que hay que situar las declaraciones de Fátima Báñez de que los trabajadores “puedan elegir” acogerse a toda la vida laboral, incluso que puedan “descartar algunos de los peores años de cotización”, para no ver rebajada en exceso su pensión.

Dicen que se pretende “compensar” a los trabajadores que han sufrido ERE o han sido despedidos en los últimos años de su vida laboral por la crisis y que en vez de los últimos años se puedan acoger a toda la vida laboral si esa es la opción más favorable. Pero con ello no estarían mejorando sus pensiones si fueran calculadas con los años actuales, sino paliando el recorte que supone un alargamiento del periodo más allá de los 25 años que propone la reforma del PP.

Pero sobre todo es una propuesta selectiva y restrictiva al imponer una condición: solo podrían acogerse a esta medida quienes tengan una larga trayectoria laboral con más de 38 años cotizados. Lo que restringe seriamente el número de trabajadores que podrían acogerse a esta medida y deja fuera a la mayoría de los trabajadores expulsados al paro durante la crisis, en su mayoría trabajadores con empleo temporal (especialmente mujeres y jóvenes) y cortas trayectorias de cotización.

También el descarte de los peores años de cotización tiene “letra pequeña”. No podrían eliminar todos los años con peores cotizaciones para quedarse con los 25 o 30 más favorables, sino solo unos pocos años malos, entre 2 y 5 años, “ya que lo otro no tendría sentido”, según los representantes del PP en el Pacto de Toledo.

Lo que se comprende perfectamente oyendo a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos (PP) decir que; “Hay un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión que en activo, trabajando” y recomendando “ahorro a los mayores de 45 años”.

Tercero. Las pensiones que vienen serían entre un 15% y un 35% más bajas si se aplica la reforma que propone el PP en el Pacto de Toledo.

Así lo confirma un informe del Instituto Santa Lucía (dependiente de Seguros Santa Lucía), presentado en noviembre pasado, que cuantifica con datos de hasta 2014 el impacto que tendría sobre las pensiones la ampliación a toda la vida laboral.

Según ese informe con el sistema actual un pensionista que cumpla todos los requisitos cobra de media aproximadamente el 80% del salario que ha venido percibiendo. Con la extensión a toda la vida laboral la pensión sería entre un 15% y un 35% más baja. Lo que está en coherencia con el estudio que manejó el gobierno de Zapatero y que aseguraba una rebaja media mínima de las pensiones del 17% si se aplicara toda la vida laboral como método para calcular las pensiones.

A medida que se desentraña la propuesta del PP se entienden mejor las declaraciones de la ministra de Empleo Fátima Bañez. Bajo la apariencia de beneficiar a los trabajadores más mayores y a los afectados por la crisis, ofreciendo que se puedan acoger a toda su vida laboral para calcular su pensión, lo que hay es un caramelo envenenado cuyo objetivo es hacer pasar por bueno un nuevo hachazo a las pensiones.

En nombre de “garantizar el sistema público de pensiones” y “favorecer a los pensionistas” se han hecho todas las reformas. La realidad ha sido todo lo contrario: hoy, después de cuatro reformas en los últimos 30 años, incluidas la de Zapatero en 2011 y otra de Rajoy en 2013, las pensiones son casi un 20% más bajas que si se hubiera seguido aplicando el método anterior a 1985.

Vienen a por las pensiones del futuro.

1.- Las pensiones de los actuales pensionistas ya las tienen, son pensiones menguantes que han ido recuciendo con las reformas de los años anteriores.

2.- Ahora -ampliando en 30, 40 años o toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión quieren rebajarlas hasta un 35%- porque quieren las pensiones futuras, las de las próximas tres generaciones: los trabajadores jóvenes que aún no se jubilan; los jóvenes que empiezan ahora a entrar en el mercado laboral precarios; y la de sus hijos.

3.- Y con todo eso reducir el sistema público de pensiones a un sistema asistencial, base para dar el dar el salto a la privatización de las pensiones.

PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

EN 2018 SÓLO SE APLICARÁN EL 12% DE LAS MEDIDAS DEL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha hecho público que en 2018 sólo se pondrán en marcha 26 de las 213 medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Andrea Carballo, de Vila-Real, ha sido una de las últimas víctimas de violencia de género asesinada en 2017. Atropellada por su exnovio, al que ya había denunciado previamente por tres delitos de lesiones, su caso se ha hecho famoso, en cuanto que la policía sólo tenía considerada a Andrea como víctima en grado “medio” de riesgo.

 Este caso ha puesto el foco en cómo resulta deficiente el sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia machista (Sistema VioGén) que divide el riesgo que corren las víctimas que sufren violencia de género.

 Actualmente hay más de 55.000 casos activos de violencia machista. De esos casos, sólo 14 son consideradas víctimas en rasgo extremo, y 184 son consideradas víctimas en riesgo alto. Es decir, sólo un 0’36% de las víctimas de violencia machista tienen nivel alto de riesgo. Y sólo 4.660 tienen rango “medio”, el 8% del total. Es decir, 9 de cada 10 casos tienen rango bajo o no apreciado.

 10 de las 48 mujeres asesinadas este año habían presentado denuncia previa. Por ello mismo, personalidades como Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, han denunciado la escasa eficacia de la actual valoración de riesgo.

 Corregir este sistema de valoración es una de las muchas razones por las que en septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas (salvo la de Unidos Podemos, que se abstuvo). Una medida más que necesaria.

 Dicho Pacto se basa en 213 medidas que deben aplicarse en cinco años, presupuestadas con 1.000 millones de euros, para combatir la violencia de género,  no sólo en el terreno jurídico, sino también en el social, educativo, cultural, laboral, etc.

 El Pacto en sí mismo es una buena noticia, si bien se criticó en su momento, tanto por Unidos Podemos como por diversas personalidades y asociaciones feministas, el ser insuficiente y el que quedase en manos del gobierno central los plazos en que se habrían de aplicar las medidas. Temiendo así que el gobierno ralentizase al máximo su aplicación, ganar tiempo e incluso dejarlo sin efecto en última instancia.

 Temores que han resultado nada infundados. Sólo se van a aplicar 26 medidas en 2018, un 12% de las medidas acordadas. Dejando pospuestas el resto para los años siguientes, según predisposición del gobierno.

Desde que se empezó a hacer registro en 2003, han muerto más de 900 mujeres víctimas de la violencia machista. Eso es más que todas las víctimas del terrorismo de ETA. Es obvio que no se puede perder el tiempo, sino que todas las medidas deben ser aplicadas cuanto antes, o esta lacra no menguará. Estamos ante un caso claro de voluntad política. No actuar es como ser cómplice de los asesinatos.

Un Govern para el 90%

Concentración frente al Parlament

Esta mañana se ha celebrado la primera sesión del Parlament de Cataluña despues de las elecciones del 21D. El motivo era la elección de la Mesa que preside el Parlament, y que hasta la aplicación del 155 era Carme Forcadell, la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana que actualmente está imputada por haber permitido la aprobación de la Ley del referéndum del 1-O.

Lo que estaba en juego hoy es si las fuerzas independentistas iban a conseguir mayoría en la Mesa, que está formada por 7 miembros, y así ha sido, gracias a que los tres diputados que están en prisión de ERC ha podido delegar el voto, y gracias a la abstención de Catalunya en Común. Roger Torrent, de ERC, ha sido elegido nuevo presidente del Parlament, un alcalde de un municipio de la provincia de Girona, del sector más radicalizado.

Recortes Cero ha estado presente, concentrándose en las puertas del Parlament, tal y como ha hecho hasta ahora en todas las sesiones desde la del 6 de septiembre en la que se aprobaron las leyes de desconexión. De nuevo hemos sido la única fuerza de izquierdas, y el único referente político y social, la única alternativa que ha dado una respuesta y alternativa con presencia en la calle.

“Queremos un Govern para el 90%” y también “que luche contra los recortes, las desigualdades y la corrupción. 

Basta ya”.

Si en el último manifiesto que lanzamos exigíamos la retirada de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), la convocatoria de elecciones y una legislatura sosegada, con un debate abierto en el que sean escuchadas todas las alternativas, ahora le sumamos la exigencia de que se forme un gobierno que trabaje para el 90%, y no solo para una parte, que una y no que divida; y que ponga solución a los recortes, la desigualdad, la corrupción, la violencia de género...

Nuestro objetivo ha sido el visibilizar de nuevo que hay una alternativa desde la izquierda en Cataluña que defiende la unidad del pueblo trabajador en Cataluña y con el del resto de España para luchar contra los recortes y redistribuir la riqueza. 

En la misma convocatoria hemos recibido ya las felicitaciones de muchos promotores de la candidatura de las pasadas elecciones, candidatos y firmantes de los manifiestos con los que hemos contactado para invitarles a la concentración. Contamos con el reconocimiento, no solo a la posición que defiende Recortes Cero, sino a la determinación de seguir dando respuesta y siendo una alternativa desde la izquierda. Dos de los principales candidatos, la poeta Concha García y el escritor José Enrique Martínez Lapuente, que actualmente están en Francia, nos han comunicado que van a participar allí en un debate con intelectuales independentistas sobre la situación en Cataluña y que van a presentar en ese debate la posición y la alternativa de Recortes Cero que es la que ellos defienden.

Desde primera hora Radio Nacional de España ha anunciado nuestra presencia en las puertas del Parlament. Hasta 7 medios distintos se han puesto en contacto con nosotros para conocer nuestra posición, incluyendo a la televisión pública portuguesa. Este mediodía hemos salido en los informativos de La Sexta y en el canal 24 horas.

Incluso en las redes sociales, entre semana, cuando es mucho más difícil, y en un horario en el que no hemos contado con una parte importante de nuestros activistas con más seguidores, hemos sido TT, es decir, hemos estado entre los 20 temas más tratados, durante TRES HORAS.

La próxima cita, el 31 de enero en la sesión de investidura, Recortes Cero volverá a estar frente al Parlament proponiendo una alternativa

La salida de la crisis 10 años después

El saqueo de los hogares acaba en los 

bolsillos de un puñado de accionistas.

Crónico. Según el diccionario de uso del español María Moliner, “se aplica a los males o vicios que no son nuevos ni momentáneos” y “particularmente a las enfermedades” que están muy arraigadas y que se padecen a lo largo de mucho tiempo. Pueden durar muchos años o incluso toda la vida”.

Cronificarse, cronificación: “hacerse crónico algo”.

Pues bien, esto es lo que está ocurriendo con la recuperación y la salida de la crisis diez años después de su estallido....

La recuperación económica y el retorno de las altas tasas de beneficios para bancos y monopolios se están produciendo sobre la cronificación del empleo precario, los bajos sueldos, la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones y los recortes sociales.

Y en este caso no son problemas caídos del cielo o fruto de la mala suerte o catástrofe natural sino buscados y conseguidos por las políticas de ajustes y recortes y las reformas dictadas desde los organismos internacionales, el FMI dirigido desde Washington y la Unión Europea dirigida desde Berlín. Y ejecutados por la clase política  gobernante.

Diez años después del estallido de las hipotecas suprime en Estados Unidos en septiembre de 2.017, tanto la Unión Europea como el gobierno de Rajoy dan por cerrada oficialmente la crisis.

Rajoy habla de recuperación y salida de la crisis poniendo sobre la mesa los resultados macroeconómicos. La economía crece al 3%, se crea empleo, aumenta la afiliación a la Seguridad Social y el paro baja al 16,5%. Y las empresas, especialmente bancos y monopolios recuperan las altas tasas de beneficios que tenían antes de la crisis.

Pero hay otro mundo paralelo en el que ya nada es igual. En el que la precariedad en el empleo, los bajos salarios y la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones, el recorte de la sanidad, la educación y en las prestaciones sociales son los rasgos dominantes, no pasajeros sino crónificados, del nuevo mercado laboral y el devaluado Estado de Bienestar.

El gobierno en minoría sube el Salario Mínimo (SMI) apenas 28 euros al mes empujado por la presión de una mayoría social progresista que ha cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento. Una subid a todas luces insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, porque afecta a un número muy reducido de trabajadores y porque el gobierno mantiene congelado desde hace 12 años el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 537,8 euros, muy por debajo del SMI y que es el que determina las ayudas sociales.

Lo que realmente funciona es la rebaja salarial generalizada en el mercado laboral.

Más de la mitad de los trabajadores tiene el sueldo congelado o rebajado desde hace diez años. El 47% cobra menos de 1.000 euros al mes. Y 4,3 millones de trabajadores con contratos temporales cobran un 33% menos que los indefinidos. El 60% son jóvenes o mujeres.

La revalorización de las pensiones con la aplicación del 0,25% es tan ridícula que de echo es una rebaja encubierta. El año pasado los precios subieron una media del 2%, por lo que cada pensionista sufrió una rebaja de 281 euros de media del poder adquisitivo de su pensión.

Además el gobierno no sólo ha liquidado la “hucha de las pensiones”, sino que ahora está endeudando a la Seguridad Social recurriendo a préstamos del Estado para poder pagar las extras de verano y Navidad. Este año serán 15.000 millones más de deuda que se suman a los 10.000 del año pasado. En total 25.000 millones de deuda de la SS que empiezan suponer un serio peligro para el sistema público de pensiones.

El gobierno consigue un cierto apoyo social con la creación de empleo. El paro ha bajado al 16,5% y hay más de 600.000 nuevos inscritos en la seguridad social este año. Pero el empleo que se crea es precario y de baja calidad. De los 21,5 millones de contratos firmados en 2017, 20 millones fueron temporales y casi 7 a tiempo parcial, lo que da una idea de la rotación en diferentes puestos de trabajo a la que están sometidos más de 4,3 millones de trabajadores que encadenan contratos de días, semanas o meses con incursiones al paro, y consecuencias dramáticas: para sus salarios, un 33% menores que los empleos fijos, y el futuro de sus pensiones.

La precariedad laboral y los bajos salarios son las crónicas señas de identidad del nuevo mercado laboral creado por una reforma laboral diseñada con ese objetivo.

Pero si los beneficios de una economía que lleva tres años creciendo al 3% y crea una riqueza anual superior a 1,1 billones de euros no llegan a la mayoría de la población ¿quién se los está llevando? ¿Quién se está beneficiando de esta recuperación económica? ¿Quién está saliendo realmente de la crisis?

Sí hay un mundo, el de las grandes empresas, bancos y monopolios y sus accionistas privilegiados y altos ejecutivos, donde la salida de la crisis, diez años después, ha supuesto la vuelta a uno de sus pilares fundamentales: las altas tasas de beneficios anteriores a la crisis.

Ellos han cerrado 2017 como su mejor año desde 2013, sus beneficios se han disparado en 2017 hasta los 44.300 millones de euros, un 23% más que en 2016. La mitad de esos beneficios se los llevan el Santander, el BBVA, Inditex, Iberdrola y Telefónica. El capital extranjero que controla el 43,5% de las acciones, se lleva su parte del león: casi 20.000 millones de euros. Y se dan, un año más un festín de beneficios, repartirán a sus accionistas, entre ellos a las principales familias oligárquicas del país casi 40.000 millones de euros.

El Santander, buque insignia de la banca, repartirá el premio gordo, 3.700 millones. Y Endesa, garantiza los beneficios más altos por acción al 70% de sus accionistas extranjeros italianos, ejemplo de quién se está llevando casi la mitad de lo que nos saquean los monopolios que controlan los servicios básicos del país (luz, gasolinas, agua...).

Frente a esta situación solo hay un camino: la redistribución de la riqueza. Nuestro país necesita un gobierno de la mayoría social progresista que aplique un programa de políticas redistributivas de la riqueza.

Que redistribuya los salarios para que nadie cobre un mínimo de 1.000 euros netos al mes, imponiendo un salario máximo limitado a 10.00 euros mensuales, y 5.000 para los políticos y altos cargos de la administración.

Que garantice el poder adquisitivo de las pensiones y las blinde en la constitución para que ningún gobierno las recorte no privatice.

Que haga una reforma fiscal progresiva que elimine los privilegios fiscales de bancos, monopolios y grandes fortunas, y persiga el fraude y la evasión fiscal, para que paguen más los que más ganan y más riqueza acumulan. Garantizando de esta forma recursos suficientes para  aplicar políticas redistributivos de la riqueza.

Que apueste por la economía productiva y la reindustrialización en base a un nuevo modelo productivo basado en las nuevas energías, la investigación científica y las nuevas tecnologías, recuperando el dinero de los rescates bancarios entregados a los cuatro grandes bancos, para crear un gran fondo -base de un gran banco público- de desarrollo, reindustrialización y empleo de calidad.

Hay una mayoría social progresista que lo está exigiendo. El reto es convertirla en voluntad política para hacerlo.

Los beneficios empresariales 

(bancos y monopolios)

triplican el crecimiento de los salarios

Dos mundos paralelos

El retorno de las altas tasas de beneficios para bancos y monopolios se está produciendo  a costa de los salarios, la precariedad, los recortes sociales y las subidas de los servicios básicos (luz, gas, gasolinas, agua...). Los sindicatos denuncian que los beneficios empresariales crecen el triple (un 4,8%) que los salarios pactados en los convenios (el 1,4%).

Saqueadores y saqueados, dos mundos paralelos y cada vez más alejados: el de quienes acumulan cada vez más riqueza y el de aquellos a los que se les saquea con las políticas de ajustes draconianos y reformas dictadas desde el FMI y Bruselas.                                                                                                  

Mientras los salarios siguen estando por debajo del nivel que tenían hace 10 años, las ganancias empresariales ya han superado en un 6% el nivel de beneficios que tenían antes del estallido de la crisis.

Las grandes empresas del Ibex-35, bancos y monopolios son los grandes beneficiados de esta recuperación económica: han cerrado 2017 como su mejor año desde 2013 (…)

Han acabado el año con unos beneficios acumulados de 44.300 millones de euros (…), un 23% más que en 2016.

Casi la mitad de esos beneficios se los llevan entre los cinco primeras por volumen de beneficios: el Santander con 7.096 millones de euros, BBVA con 4.323, Inditex con 3.500, Iberdrola con 2.750 y Telefónica con 3.711.

Y el capital extranjero, cada vez más presente en la banca y los monopolios donde controla el 43,5% de las acciones, se lleva su parte del león. Grandes fondos y bancos norteamericanos, y europeos (alemanes, franceses o el fondo noruego de pensiones) se llevan casi 20.000 millones de euros.

Reparto de dividendos, concentración de la riqueza

Los enormes beneficios de bancos y monopolios permitirán un festín de dividendos que irán a parar en su inmensa mayoría a manos de ese 1% de grandes fortunas que controla el 21% de la riqueza personal total del país. Aumentando las desigualdades frente al 50% que de la población con rentas más bajas que solo tiene el 7% de la riqueza.

Según estimaciones las empresas que cotizan en Bolsa repartirán entre sus accionistas 39.900 millones de euros, un 6,5% más. De ellos las 35 del Ibex repartirán un premio gordo de 21.600 millones de euros, con una rentabilidad media por acción superior al 4%. La más alta de las bolsas europeas.

Santander, Endesa y Arcelor son las estrellas del reparto de dividendos que ya iniciaron a cuenta en 2017 y que completarán en los primeros meses de este año. El Santander de Ana Botín repartirá la mayor cuantía, 3.700 millones de euros. Arcelor volverá a repartir 500 millones de euros de dividendos entre sus accionistas después de dos años en blanco. Y la eléctrica Endesa será la que más rentabilidad dé a sus accionistas, un 6,61%, repartiendo 1.450 millones de euros. Más de mil irán a los accionistas italianos de Enel que controla el 70% de Endesa.

El caso de Endesa es especialmente de escándalo ya que reparte el 100% de sus beneficios entre los accionistas. En total la eléctrica en manos italianas prevé repartir en el periodo 2016-2019 más de 6.000 millones de euros de beneficios a sus accionistas.