El saqueo de los hogares acaba en los
bolsillos de un puñado de accionistas.
Crónico.
Según el diccionario de uso del español María Moliner, “se aplica a los males o
vicios que no son nuevos ni momentáneos” y “particularmente a las enfermedades”
que están muy arraigadas y que se padecen a lo largo de mucho tiempo. Pueden
durar muchos años o incluso toda la vida”.
Cronificarse,
cronificación: “hacerse crónico algo”.
Pues
bien, esto es lo que está ocurriendo con la recuperación y la salida de la
crisis diez años después de su estallido....
La recuperación
económica y el retorno de las altas tasas de beneficios para bancos y
monopolios se están produciendo sobre la cronificación del empleo precario, los
bajos sueldos, la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones y los recortes
sociales.
Y en este
caso no son problemas caídos del cielo o fruto de la mala suerte o catástrofe
natural sino buscados y conseguidos por las políticas de ajustes y recortes y
las reformas dictadas desde los organismos internacionales, el FMI dirigido
desde Washington y la Unión Europea dirigida desde Berlín. Y ejecutados por la
clase política gobernante.
Diez
años después del estallido de las hipotecas suprime en Estados Unidos en
septiembre de 2.017, tanto la Unión Europea como el gobierno de Rajoy dan por
cerrada oficialmente la crisis.
Rajoy
habla de recuperación y salida de la crisis poniendo sobre la mesa los
resultados macroeconómicos. La economía crece al 3%, se crea empleo, aumenta la
afiliación a la Seguridad Social y el paro baja al 16,5%. Y las empresas, especialmente
bancos y monopolios recuperan las altas tasas de beneficios que tenían antes de
la crisis.
Pero hay
otro mundo paralelo en el que ya nada es igual. En el que la precariedad en el
empleo, los bajos salarios y la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones,
el recorte de la sanidad, la educación y en las prestaciones sociales son los
rasgos dominantes, no pasajeros sino crónificados, del nuevo mercado laboral y
el devaluado Estado de Bienestar.
El
gobierno en minoría sube el Salario Mínimo (SMI) apenas 28 euros al mes
empujado por la presión de una mayoría social progresista que ha cambiado la
correlación de fuerzas en el Parlamento. Una subid a todas luces insuficiente
para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, porque afecta
a un número muy reducido de trabajadores y porque el gobierno mantiene
congelado desde hace 12 años el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) en 537,8 euros, muy por debajo del SMI y que es el que determina las
ayudas sociales.
Lo que
realmente funciona es la rebaja salarial generalizada en el mercado laboral.
Más de
la mitad de los trabajadores tiene el sueldo congelado o rebajado desde hace
diez años. El 47% cobra menos de 1.000 euros al mes. Y 4,3 millones de
trabajadores con contratos temporales cobran un 33% menos que los indefinidos.
El 60% son jóvenes o mujeres.
La
revalorización de las pensiones con la aplicación del 0,25% es tan ridícula que
de echo es una rebaja encubierta. El año pasado los precios subieron una media
del 2%, por lo que cada pensionista sufrió una rebaja de 281 euros de media del
poder adquisitivo de su pensión.
Además
el gobierno no sólo ha liquidado la “hucha de las pensiones”, sino que ahora
está endeudando a la Seguridad Social recurriendo a préstamos del Estado para
poder pagar las extras de verano y Navidad. Este año serán 15.000 millones más
de deuda que se suman a los 10.000 del año pasado. En total 25.000 millones de
deuda de la SS que empiezan suponer un serio peligro para el sistema público de
pensiones.
El
gobierno consigue un cierto apoyo social con la creación de empleo. El paro ha
bajado al 16,5% y hay más de 600.000 nuevos inscritos en la seguridad social
este año. Pero el empleo que se crea es precario y de baja calidad. De los 21,5
millones de contratos firmados en 2017, 20 millones fueron temporales y casi 7
a tiempo parcial, lo que da una idea de la rotación en diferentes puestos de
trabajo a la que están sometidos más de 4,3 millones de trabajadores que
encadenan contratos de días, semanas o meses con incursiones al paro, y
consecuencias dramáticas: para sus salarios, un 33% menores que los empleos
fijos, y el futuro de sus pensiones.
La
precariedad laboral y los bajos salarios son las crónicas señas de identidad
del nuevo mercado laboral creado por una reforma laboral diseñada con ese
objetivo.
Pero si
los beneficios de una economía que lleva tres años creciendo al 3% y crea una
riqueza anual superior a 1,1 billones de euros no llegan a
la mayoría de la población ¿quién se los está llevando? ¿Quién se está
beneficiando de esta recuperación económica? ¿Quién está saliendo realmente de
la crisis?
Sí hay
un mundo, el de las grandes empresas, bancos y monopolios y sus accionistas
privilegiados y altos ejecutivos, donde la salida de la crisis, diez años
después, ha supuesto la vuelta a uno de sus pilares fundamentales: las altas
tasas de beneficios anteriores a la crisis.
Ellos
han cerrado 2017 como su mejor año desde 2013, sus beneficios se han disparado
en 2017 hasta los 44.300 millones de euros, un 23% más que en 2016. La mitad de
esos beneficios se los llevan el Santander, el BBVA, Inditex, Iberdrola y
Telefónica. El capital extranjero que controla el 43,5% de las acciones, se
lleva su parte del león: casi 20.000 millones de euros. Y se dan, un año más un
festín de beneficios, repartirán a sus accionistas, entre ellos a las
principales familias oligárquicas del país casi 40.000 millones de euros.
El
Santander, buque insignia de la banca, repartirá el premio gordo, 3.700
millones. Y Endesa, garantiza los beneficios más altos por acción al 70% de sus
accionistas extranjeros italianos, ejemplo de quién se está llevando casi la
mitad de lo que nos saquean los monopolios que controlan los servicios básicos
del país (luz, gasolinas, agua...).
Frente a
esta situación solo hay un camino: la redistribución de la riqueza. Nuestro
país necesita un gobierno de la mayoría social progresista que aplique un
programa de políticas redistributivas de la riqueza.
Que
redistribuya los salarios para que nadie cobre un mínimo de 1.000 euros netos
al mes, imponiendo un salario máximo limitado a 10.00 euros mensuales, y 5.000
para los políticos y altos cargos de la administración.
Que
garantice el poder adquisitivo de las pensiones y las blinde en la constitución
para que ningún gobierno las recorte no privatice.
Que haga
una reforma fiscal progresiva que elimine los privilegios fiscales de bancos,
monopolios y grandes fortunas, y persiga el fraude y la evasión fiscal, para
que paguen más los que más ganan y más riqueza acumulan. Garantizando de esta
forma recursos suficientes para aplicar
políticas redistributivos de la riqueza.
Que
apueste por la economía productiva y la reindustrialización en base a un nuevo
modelo productivo basado en las nuevas energías, la investigación científica y
las nuevas tecnologías, recuperando el dinero de los rescates bancarios
entregados a los cuatro grandes bancos, para crear un gran fondo -base de un
gran banco público- de desarrollo, reindustrialización y empleo de calidad.
Hay una
mayoría social progresista que lo está exigiendo. El reto es convertirla en
voluntad política para hacerlo.
Los
beneficios empresariales
(bancos y monopolios)
triplican el crecimiento de los salarios
Dos
mundos paralelos
El retorno de
las altas tasas de beneficios para bancos y monopolios se está produciendo a costa de los salarios, la precariedad, los
recortes sociales y las subidas de los servicios básicos (luz, gas, gasolinas,
agua...). Los sindicatos denuncian que los beneficios empresariales crecen el
triple (un 4,8%) que los salarios pactados en los convenios (el 1,4%).
Saqueadores y
saqueados, dos mundos paralelos y cada vez más alejados: el de quienes acumulan
cada vez más riqueza y el de aquellos a los que se les saquea con las políticas
de ajustes draconianos y reformas dictadas desde el FMI y Bruselas.
Mientras los
salarios siguen estando por debajo del nivel que tenían hace 10 años, las
ganancias empresariales ya han superado en un 6% el nivel de beneficios que
tenían antes del estallido de la crisis.
Las grandes
empresas del Ibex-35, bancos y monopolios son los grandes beneficiados de esta
recuperación económica: han cerrado 2017 como su mejor año desde 2013 (…)
Han acabado el año
con unos beneficios acumulados de 44.300 millones de euros (…), un 23% más que
en 2016.
Casi la mitad de
esos beneficios se los llevan entre los cinco primeras por volumen de
beneficios: el Santander con 7.096 millones de euros, BBVA con 4.323, Inditex
con 3.500, Iberdrola con 2.750 y Telefónica con 3.711.
Y el capital
extranjero, cada vez más presente en la banca y los monopolios donde controla
el 43,5% de las acciones, se lleva su parte del león. Grandes fondos y bancos
norteamericanos, y europeos (alemanes, franceses o el fondo noruego de
pensiones) se llevan casi 20.000 millones de euros.
Reparto de
dividendos, concentración de la riqueza
Los enormes
beneficios de bancos y monopolios permitirán un festín de dividendos que irán a
parar en su inmensa mayoría a manos de ese 1% de grandes fortunas que controla
el 21% de la riqueza personal total del país. Aumentando las desigualdades
frente al 50% que de la población con rentas más bajas que solo tiene el 7% de
la riqueza.
Según estimaciones
las empresas que cotizan en Bolsa repartirán entre sus accionistas 39.900
millones de euros, un 6,5% más. De ellos las 35 del Ibex repartirán un premio
gordo de 21.600 millones de euros, con una rentabilidad media por acción
superior al 4%. La más alta de las bolsas europeas.
Santander, Endesa y
Arcelor son las estrellas del reparto de dividendos que ya iniciaron a cuenta
en 2017 y que completarán en los primeros meses de este año. El Santander de
Ana Botín repartirá la mayor cuantía, 3.700 millones de euros. Arcelor volverá
a repartir 500 millones de euros de dividendos entre sus accionistas después de
dos años en blanco. Y la eléctrica Endesa será la que más rentabilidad dé a sus
accionistas, un 6,61%, repartiendo 1.450 millones de euros. Más de mil irán a
los accionistas italianos de Enel que controla el 70% de Endesa.
El caso de Endesa
es especialmente de escándalo ya que reparte el 100% de sus beneficios entre
los accionistas. En total la eléctrica en manos italianas prevé repartir en el
periodo 2016-2019 más de 6.000 millones de euros de beneficios a sus
accionistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario