21D NO A LA INDEPENDENCIA. NO A LOS RECORTES
Los cambios que suponen el encarcelamiento de ocho ex consellers, o la presencia en Bélgica de otros cuatro junto a Puigdemont, no altera lo sustancial del marco político en que se celebrarán las elecciones del 21D: la irrupción y movilización del pueblo trabajador y su rechazo a los proyectos representados por Puigdemont, Mas o Junqueras.
La prisión incondicional para ocho ex consellers del govern catalán es una respuesta errónea desde el Estado frente a la aceleración de los ataques contra la integridad territorial tras la aprobación de la DUI en el parlament. Un movimiento que no compartimos, y que ofrece oxígeno político a las élites independentistas. Pero debe quedar claro que la agudización del conflicto en Cataluña no es en lo principal responsabilidad de “la respuesta autoritaria del Estado español”, sino resultado del empecinamiento de los sectores más agresivos de la burguesía burocrática catalana por llevar hasta el final su proyecto de fragmentación.
La decisión de la Audiencia Nacional, dictando prisión incondicional para Oriol Junqueras y otros siete ex consellers del govern catalán, es una respuesta autónoma del Estado, desde los aparatos judiciales, contra el órdago independentista consumado tras la aprobación de la DUI -y que no coincide con la impulsada por Rajoy, al aplicar un 155 que se reduce a la convocatoria inmediata de elecciones-.
El ataque abierto contra la integridad territorial en Cataluña obligaba al Estado a una inevitable respuesta de fuerza. Pero la forma y momento en que se ha ejecutado ,como sucedió con la violencia policial el 1-O, ha incrementado la confusión, la división y el enfrentamiento.
Permitiendo a las élites del independentismo un margen de maniobra, cuando estaban desconcertadas tras el anuncio de elecciones para el 21D o con la evidencia de que era imposible hacer efectiva la independencia tras haber sido aprobada en el parlament.
Que van a intentar utilizar -con el altavoz de un Puigdemont que no ha sido arrestado por la justicia belga, y que podrá participar en la campaña electoral- para difundir su relato de “un Estado español autoritario que persigue las ideas y no respeta derechos fundamentales”, con el objetivo de convertir el 21D en “un plebiscito contra las políticas de Rajoy”.
Pero, a pesar de rechazar las políticas del gobierno de Rajoy, no debemos caer en la propaganda de Puigdemont. El principal responsable de la situación que hoy se vive en Cataluña no es “un Estado español franquista”, sino el proyecto de fragmentación impulsado por los sectores más agresivos de la burguesía burocrática catalana.
Sabían las consecuencias a las que se enfrentaban y han buscado conscientemente el conflicto con el Estado para imponer sus objetivos políticos. Su hoja de ruta buscaba “generar conflicto para forzar la desconexión”, y anunciaba que “la DUI generará un conflicto que bien gestionado puede conducir a un Estado independiente”.
Es significativo el artículo publicado por Ignacio Escolar -director de El diario.es y representante de importantes sectores en la izquierda- donde se afirma: “Que medio exgovern duerma hoy en prisión es una respuesta abusiva y desproporcionada: una solución penal a un problema político que así no se va arreglar. Pero este martirio penal no da a los líderes independentistas la razón (…) La respuesta desproporcionada de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional no cambia en nada la conclusión principal: fue un atropello antidemocrático declarar la independencia de Catalunya de forma unilateral con el argumento de un referéndum ilegal en el que solo participó un 43% de la población”.
O incluso la posición expresada por Alberto Garzón, coordinador federal de IU, que no coincide con la expresada por Pablo Iglesias, al declarar que: “la prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria (…) Cuando pienso en un preso político pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista”.
Los cambios que suponen el encarcelamiento de ocho ex consellers, o la presencia en Bélgica de otros cuatro junto a Puigdemont, no altera lo sustancial del marco político en que se celebrarán las elecciones del 21D: la irrupción y movilización del pueblo trabajador y su rechazo a los proyectos representados por Puigdemont, Mas o Junqueras.
El clima de opinión de que la desproporcionada respuesta judicial va a crear un marco favorable al independentismo de cara a las elecciones del 21D, diluyendo las responsabilidades de Puigdemont o Junqueras, no se corresponde con la realidad.
Aun con la cautela con que deben recibirse todas las encuestas, la publicada ayer por La Vanguardia, ofrece conclusiones significativas.
Un 56% rechazan la aplicación del 155, y un 59% no comparte la prisión para el govern cesado. Pero un porcentaje mayor rechaza la “hoja de ruta” hacia la independencia. El 63% considera que los resultados del 1-O no permitían declarar la independencia. El 58% considera un error la aprobación de la DUI. Solo el 29% desea la independencia. El 58% valora que Cataluña ha salido perdiendo con el procés. Y el 66% no ve factible la independencia.
Para el 21D se anuncia una participación récord, que superaría el 80%. Principalmente por la movilización de sectores del pueblo trabajador no independentistas que siempre se habían abstenido en unas autonómicas.
Lo que, según varias encuestas, supondría un retroceso del voto independentista que pondría en cuestión su mayoría de escaños en el parlament. La suma de Juns pel Sï y las CUP se quedaría entre 66 y 69 diputados, lejos de los 72 actuales y con riesgo de quedar por debajo de los 68 que marcan la mayoría. Perderían dos puntos, mientras la suma de PSC, Ciudadanos y PP aumentaría cinco. Datos que coincide con las presentadas por otra encuesta publicada por La Razón.
La movilización del pueblo trabajador ,con el rechazo a participar el 1-O, con la emergencia de la izquierda patriótica a través de los manifiestos y con las masivas manifestaciones en defensa de la unidad, es lo que ha colocado a las “castas burocráticas” impulsoras del procés ante sus límites, contradicciones y divisiones.
Este rechazo no solo no ha desaparecido sino que sigue siendo el aspecto principal en la política catalana. Y la movilización del pueblo trabajador -y no la respuesta del Estado o las maniobras del independentismo, que desde luego va a movilizarse- va a ser lo que determine el resultado de las elecciones del 21D.
Todas las fuerzas políticas están tomando ya posiciones de cara a las elecciones.
Desde los sectores más vinculados a la burguesía burocrática catalana más agresiva, representados por los Puigdemont y Mas, y apoyados por la ANC y Omnium Cultural, se exige “una lista única independentista”, que Puigdemont se ofrece encabezar.
Una maniobra que no solo busca salvar los muebles al PdeCAT -cuyos resultados serían catastróficos en caso de presentarse en solitario- sino sobre todo levantar un muro de contención ante la movilización en las urnas de la mayoría social no independentista.
ERC ha rechazado la reedición de Junts pel Sí, y condiciona su presencia en una lista unitaria a que se amplíe a “fuerzas soberanistas” como “los comunes”.
Catalunya en Comú ya ha rechazado participar en una lista independentista. Y la CUP no ha desvelado si participará o no, y bajo que forma, en las elecciones.
El 21D va a movilizarse el pueblo trabajador en Cataluña, como no lo ha hecho en ninguna otra elección. Movido por dos objetivos: el rechazo a la fragmentación y la defensa de la unidad, por una parte; y la lucha por sus intereses frente a unos recortes que no han desaparecido, ni en Cataluña ni en el conjunto de España.
El 21D hay condiciones para ganarse el apoyo de los sectores del pueblo trabajador que se han movilizado contra la fragmentación. Y cuyos intereses son antagónicos con los de una burguesía burocrática, representada por Puigdemont y Mas, que esquilma las riquezas catalanas, y que ha convertido Cataluña, la comunidad con mayor PIB de España, en la que más han avanzado las desigualdades sociales.
Con un programa que, desde la radical defensa de la unidad frente a la fragmentación, ponga el centro en la redistribución de la riqueza al servicio de la mayoría y en el carácter reaccionario y antipopular de las “castas burocráticas” que encabezan el procés.
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